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La nueva fórmula de movilidad jubilatoria

Por Juan Pablo Chiesa

¿Por qué no ajustar por inflación?

El objetivo de una fórmula de movilidad jubilatoria es brindar previsibilidad, certeza a 16,6 millones de personas que integran la Seguridad Social en Argentina y que perciben aumentos en sus ingresos en concordancia con las variables económicas.

Estos 16,6 millones de personas están distribuidos de la siguiente forma:

  • 4,4 millones los que perciben SUAF (Sistema Único de AAFF) Trabajadores formales
  • 7,5 millones de jubilados y pensionados
  • 4,2 millones de AUH (Asignación Universal por hijo). Informalidad
  • 500.000 pensiones no contributivas entre la PUAM y la PNC.

Esto representa a un universo de 7,5 millones de adultos mayores, casi 9 millones de niños y niñas, y más de 800.000 cónyuges que perciben asignaciones en un sentido de categoría genérica. Este grupo de personas integran la Seguridad Social, un derecho universal e innato a los habitantes de una sociedad. En nuestro país, la Seguridad Social, representa casi el 52% de gasto público nacional.

La primera fórmula de movilidad jubilatoria nació en el año 2009, con el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y duró hasta el 2017. Esa primera fórmula, mediante ley 26.417, consideraba en partes iguales (50/50) La variación de los salarios y la recaudación tributaria.

En diciembre de 2017, el gobierno de Mauricio Macri, derogó mediante el Congreso Nacional, la ley 26.417, introduciendo una nueva reforma jubilatoria y una nueva fórmula de movilidad considerando, ya no un 50%-50%, sino un 70% medido de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor (IPC) elaborado por el INDEC, y el 30% restante conforme al índice de salarios elaborado por dicho organismo, que como explicaremos más adelante, no resulta una variable positiva para los beneficiarios porque mide, no sólo los salarios privados, sino también los del sector informal, y se realiza a través de encuestas.

En diciembre de 2019, cuando asume el Gobierno de Alberto Fernández, a través de la Ley de Solidaridad que decreta una Emergencia Pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social; se congela la fórmula de Mauricio Macri (Ley 27.426) por 180 días y se determina la fijación de los incrementos a la Seguridad Social en el año mediante decreto presidencial. Mientras tanto una comisión bicameral, de 33 expertos de diversas posiciones políticas, trabajaron en la elaboración de una nueva fórmula de movilidad.

El primer aumento del año 2020 fue una suma fija de 1.500 pesos más un 2,3% sobre el haber jubilatorio en el mes de marzo. Dos meses antes, los jubilados habían percibido por única vez, un aumento de $10.000 de manera extraordinaria. El siguiente aumento fue en el mes de junio del 6,12% sobre los haberes jubilatorias y demás beneficiarios de la seguridad social y el próximo, en el mes de septiembre del 7,5%. Para septiembre de este año, ya se había logrado, en lo que va del año, un 28.9% a los beneficiarios de la Seguridad Social.

Por último, se decretó un incremento a los jubilados y pensionados y todos los que integran el sistema de Seguridad Social del 5% en el mes de diciembre, como último aumento del año.

De esta manera, las jubilaciones cierran el año con un incremento del 35,3%. Esto significa que el 70% de los jubilados y el 90% de los integrantes de la seguridad social, le han ganado a la inflación.

La nueva fórmula de movilidad aprobada por el Congreso el pasado miércoles 30/12, en cierta forma, vuelve a la fórmula originaria, con algunas variantes.

Si bien el porcentaje vuelve a ser un 50-50%, esta nueva formula toma dos indicadores, salarios por el RIPTE, la Remuneración Imponible de Trabajadores Estables, medida por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, en MIX con las mediciones del INDEC, por lo que se tendrá en cuenta al momento de efectuar las mediciones los salarios formales e informales, prevaleciendo el mas alto. Esto implica que, cuando haya paritarias y aumenten los salarios de los trabajadores privados, y también haya incremento en sumas no remunerativas aumentarán proporcionalmente los beneficios previsionales.

El otro 50% de la fórmula, tiene que ver con la recaudación de ANSeS (Impuestos a los débitos y créditos, combustibles, cigarrillos, IVA y contribuciones patronales mas coparticipación de las provincias) que, teniendo en cuenta lo establecido en el Presupuesto Nacional 2021, aprobado por el Senado de la Nación, prevé un crecimiento económico de 5 puntos para el año próximo.

En definitiva, con el incremento del 5% del último anuncio oficial, la jubilación mínima pasa a ser de 19.035 pesos, la PUAM pasa a ser de 15.228 pesos, la PNC de 13.324 pesos y la AUH de 3.717 pesos.

Este 5% representa un incremento del 35,3% anual.

Con la nueva Ley el aumento de los haberes se realizará trimestralmente, en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre.

La primera actualización se hará efectiva a partir del 1° de marzo de 2021.

La nueva fórmula asume un compromiso de mejorar los ingresos de sectores postergados durante el Gobierno de Cambiemos, encontrándose entre los más perjudicados durante su gestión los jubilados y pensionados.

El 70% de jubilados y pensionados y el 90% de los beneficiarios totales de la Seguridad Social mejorarían su poder adquisitivo. Este aumento se suma a otras medidas que también sirvieron para mejorar la calidad de vida de beneficiarios de la Seguridad Social, como, por ejemplo:

  • Congelamiento de tarifas de servicios públicos;
  • Suspensión transitoria de los créditos ANSES y eliminación de los intereses;
  • incorporación de más de 170 medicamentos gratuitos al Vademécum de PAMI;
  • Implementación de bonos que se dieron en su oportunidad, no sólo para los jubilados, sino también para los beneficiarios con haberes más bajos de la AUH y AUE.

En el primer año de esta nueva administración de ANSeS, el 90% de los beneficiarios de la Seguridad Social han mejorado su poder adquisitivo.

¿Por qué no ajustar por inflación?

Una fórmula atada a la inflación, como la actual, no es deseable en la Argentina, porque los ingresos de las jubiladas y los jubilados han perdido poder adquisitivo y el objetivo político es recomponer esos ingresos. En diversos países, las fórmulas de movilidad se basan en inflación siendo que los precios en esos países crecen menos que los salarios, lo cual quiere decir que no hay un objetivo de recuperación real de los ingresos.

No obstante, aunque considero que la aplicación de esta fórmula resultaría más beneficiosa a largo plazo, considero que debería incluirse una modificación del cálculo del haber inicial, para que al acceder a las prestaciones previsionales, los jubilados tengan un haber de base más digno que el actual, que permita una satisfacción más acabada de sus necesidades.

En conclusión, se estima en marzo de 2021, la suba del 11.9% y en septiembre del 18.2%, con una inflación proyectada del 29%, los 7 millones de jubilados recuperarían, por segundo año consecutivo, su poder adquisitivo. Entre 2021 y 2023 la nueva fórmula propuesta generara un aumento promedio de 5 puntos porcentuales mas que con la ley suspendida.

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