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¿Qué acciones judiciales se iniciaron contra el nuevo régimen jubilatorio de magistrados del Poder Judicial de la Nación?

Un repaso de las demandas promovidas desde distintos sectores que piden que se declare la inconstitucionalidad de la ley 27.546. Cuestionan la regresividad de la norma y el traspaso de la liquidación de las jubilaciones de la órbita del Consejo de la Magistratura a la ANSES.

Los tribunales retomaron su actividad habitual luego del receso de enero. Entre las causas que son de gran interés para el ámbito político y judicial se encuentran las acciones iniciadas contra el nuevo régimen jubilatorio para magistrados y funcionarios del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal y el personal del Servicio Exterior de Nación.

Se trata de la Ley 27.546, que modifica la Ley 24.018 y la Ley 22.731. Entre los principales cambios para el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal, se destaca el aumento de la edad jubilatoria a 60 años para las mujeres y 65 años para los hombres. También, establece que el haber inicial será calculado a partir del 82% del promedio de las últimas 120 remuneraciones y se elevó del 11% al 18% el aporte sobre el sueldo.

A raíz de las modificaciones introducidas, desde distintos sectores promovieron acciones judiciales. Por ejemplo, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) y la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación (AFFUN) presentaron una demanda para que se declare la inconstitucionalidad de varios artículos de la ley 27.546 y solicitaron una medida cautelar de no innovar. 

Entre los argumentos utilizados, las entidades destacaron que esas modificaciones afectan la garantía constitucional de intangibilidad de las remuneraciones y la independencia del Poder Judicial y de los Ministerios Públicos. También, explicaron las características de los regímenes jubilatorios especiales y de la función que desempeñan, que requiere dedicación exclusiva y tiene incompatibilidad casi absoluta para ejercer otras actividades. 

La acción se presentó en el mes de diciembre y recayó en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°12, a cargo de la jueza Macarena Marra Giménez. 

Además, la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) presentó una demanda en el fuero federal de la Seguridad Social. Allí el gremio solicitó que se declare la inconstitucionalidad de los artículos 15 y 16 de la ley 27.546 y de algunos puntos de la Resolución 10/20 de la Secretaría de Seguridad Social que la reglamentó, por considerar que desnaturalizan el espíritu de la norma. 

También, resaltó que las modificaciones al régimen jubilatorio afectan el principio de progresividad y no regresividad de los derechos económicos, sociales y culturales. Otro de los puntos importantes es que el gremio que conduce Julio Piumato cuestionó la derogación del decreto 109/76, que disponía que la liquidación y el pago de los beneficios se materialice por intermedio de la Dirección de Administración Financiera del Consejo de la Magistratura de la Nación. Ahora, la totalidad del trámite deberá realizarse en ANSES. 

Por lo tanto, la UEJN solicitó una medida cautelar de no innovar para que se suspenda el traspaso de los beneficios jubilatorios y de pensión a la órbita de ANSES.  

Por otra parte, un grupo de 14 magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal de la Nación, que se retiraron bajo la vigencia de la ley 24.018, presentaron durante la feria judicial una demanda contra el Estado nacional  y ANSES

En la presentación pidieron que se otorgue “certeza jurídica” respecto a que son inaplicables para ellos las reformas introducidas por la ley 27.546 al régimen de la ley 24.018, conforme al cual accedieron al beneficio, y las de la ley 27.609 de “índice de movilidad jubilatoria”.

En la presentación solicitaron que se declare para su caso la inaplicabilidad, por inconstitucional, de la 27.546, del decreto 354/2020 del Poder Ejecutivo Nacional, de la ley 27.609, y todos sus decretos y resoluciones reglamentarios “por poner en crisis derechos   previamente adquiridos”. 

“Además de restringir garantías constitucionales expresas como la intangibilidad de las remuneraciones, importa un retroceso   sobre la independencia al eliminar el estado judicial de los magistrados retirados, que permite cubrir vacantes en los tribunales mientras se desarrolla el proceso constitucional de designación”, cuestionaron. 

Asimismo, advirtieron que traspasar la liquidación de las jubilaciones de la órbita del Consejo de la Magistratura a la ANSES implica previsibles “demoras en el pago y la litigiosidad consecuente”. Es por eso que solicitaron una medida cautelar de no innovar para que sus haberes jubilatorios continúen siendo liquidados por el Consejo de la Magistratura de la Nación, en la forma y el modo de cálculo que dispone la ley 24.018.

Por otra parte, el Consejo de la Magistratura emitió un comunicado en el que informó que a partir del mes de febrero, los pagos de los beneficios jubilatorios otorgados en el marco de la ley 24.018 serán efectuados por la ANSES. El primer pago se hará de manera presencial, por única vez, para que puedan acreditar su identidad.

Por Candela Villalibre, para Palabras del Derecho

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