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Piden la destitución del juez que desestimó las denuncias por violencia de género de Úrsula Bahillo

Organismos solicitaron un juicio político contra el magistrado Luciano Callegari por considerar que el femicidio de la joven podría haberse evitado.

La Defensoría del Pueblo bonaerense y organismos que integran el Consejo para la Prevención de las Violencias (COPREVIOL) reclamaron la realización de juicio político contra el Juez de Paz Letrado de Rojas, Luciano Callegari, al considerar que mostró negligencia e incumplimiento de sus deberes frente a las reiteradas denuncias que había realizado  Úrsula Bahillo contra quien luego sería su femicida.

Úrsula tenía apenas 18 años cuando fue asesinada por Matías Ezequiel Martínez, un policía bonaerense que había sido su pareja durante siete meses. La joven y su madre lo habían denunciado en 18 oportunidades por ejercer violencia, amenazas y hostigamientos. Sin embargo, nada de ello impidió que Martínez asesinara a su ex novia.

“El juez no defendió a la víctima, demoró al dictar medidas de protección y nunca juzgó desde una perspectiva de género, entre otras fallas graves, lo que hizo que el femicidio fuera lamentablemente un final anunciado”, sostuvo el Defensor del Pueblo, Guido Lorenzino.

Según la Defensoría, el pedido de destitución contra el juez Callegari se basa en que “dejó en evidencia un desconocimiento de la normativa de derechos humanos en relación a la tutela de las víctimas de delitos en general, y en especial, de aquellas que sufren violencia de género”.

Por otro lado, aseguran que el magistrado mostró desidia, y ante la progresión de hechos de violencia, sólo administró medidas preventivas “con injustificable lentitud y omitió velar por su concreción material”, aún cuando el agresor contaba con amplios antecedentes violentos en el ámbito familiar y laboral.

En la presentación, los organismos afirman que el juez “aplicó una visión sesgada, portadora de estereotipos sexistas y discriminatorios, que quedaron de manifiesto al ordenar una pericia psicológica sobre la víctima en lugar de concentrarse en la figura del agresor”.

Además, señalan que Callegari “no tomó contacto directo con la víctima; omitió información y asistencia, ni ordenó una asistencia especializada y protección; y demoró injustificadamente el dictado de medidas ni controló la efectividad de éstas”.

“Tampoco tomó ninguna medida ante la desobediencia del acusado ni requirió información a su lugar de trabajo, que hubiera mostrado las denuncias por violencia contra Martínez; e incumplió el deber de juzgar con perspectiva de género, de administrar justicia sin el uso de estereotipos y prejuicios”, indicaron los organismos denunciantes.

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