La iniciativa fue presentada por Cristina Álvarez Rodríguez y busca modificar la Ley 26.485 de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.
El objetivo principal de la idea es brindar diferentes herramientas a las mujeres que sufren violencia de género y a su vez, ayudarlas a transitar por los distintos procesos judiciales a atravesar al denunciar.
La idea de la diputada es que se incorpore a dicha ley un Artículo 26 bis para liberar a la víctima de violencia de género de la carga de notificar al agresor de las medidas preventivas urgentes dispuestas el/la juez/a. De esta forma, la principal responsabilidad recaerá en la cabeza del Poder Judicial para que esta práctica deje de exponer a las mujeres a situaciones de revictimización en sedes policiales donde reciben un trato inadecuado o minimizado.
Sobre este tema, Álvarez Rodríguez expresó: «Actualmente, cuando la justicia dicta una perimetral, es la víctima la que tiene que ir a la comisaría a decirles ‘hay una perimetral, actúen’. Son procesos que están viciados». Y agregó: «Es esto lo que debemos cambiar y por eso proponemos que la notificación sea una carga del Poder Judicial y no quede sobre los hombros de la mujer que denuncia un hecho o situación de violencia».
Al mismo tiempo, el proyecto dispone modificar el Artículo 32 de la ley que contempla las sanciones al agresor que incumple las medidas preventivas o de protección. Al realizar cambios en este, ante la denuncia de la víctima por el incumplimiento de lo dispuesto, el/la juez/a deberá proveer un sistema de monitoreo, alerta y localización georreferenciada para la víctima. Además se suman sanciones destinadas a compeles al agresor como retener la licencia de conducir, el pasaporte, la prohibición temporal de ingreso al club de interés o eventos sociales, junto a la realización de trabajos comunitarios.
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