Se trata de una legislación devenida de la pandemia por el coronavirus que obligó a muchas empresas a adoptar esta modalidad laboral.

Sobre este tema, habló en los estudios de la TV Pública Noticias, el abogado laboralista, especialista en políticas públicas y empleo, Juan Pablo Chiesa, para hablar sobre el tema.

De conformidad con el artículo 19 de la Ley 27.555 del Régimen legal del contrato de Teletrabajo, la norma entraría en vigor luego de 90 días, contados a partir de que se determine la finalización del período de vigencia del ASPO. Además, por medio del Decreto 27/2021 se facultó al Ministerio de Trabajo a dictar una resolución fijando la fecha de inicio del cómputo de 90 días.

Cabe recordar que el 30 de julio del año pasado, el Senado aprobó y convirtió en ley el Teletrabajo. La ley garantiza el derecho a la desconexión digital, a la intimidad y a las tareas de cuidado. También establece que la modalidad será voluntaria y de forma escrita y que los gastos estarán a cargo del empleador.

“El teletrabajo no es el ‘home office’, sino una modalidad contractual, un contrato voluntario y escrito que firman el empleado y el empleador para hacer tareas fuera de la empresa”, aclaró Chiesa en TV Pública Noticias. Además, indicó que al día de hoy “el 60% de los trabajadores hacen teletrabajo bajo ningún marco legal”.

En tanto, el abogado laboralista advirtió que “todos los que hacían teletrabajo tienen que volver a la presencialidad a partir del lunes”, de otra forma “los empleadores deben hacer un contrato por escrito y ajustarse a la Ley que entra en vigencia hoy”. Y explicó, ante la falta de precedentes en el tema, que “el ministerio de Trabajo está trabajando en un modelo de contrato de teletrabajo”.

El especialista precisó que “la forma es escrita, voluntaria y con principio de reversibilidad”, lo que significa que si un trabajador realiza teletrabajo y no está conforme con la modalidad, puede volver a la presencialidad. Lo mismo sucede con los empleadores que quieran dar marcha atrás con el teletrabajo, en ambos casos no habrá costo alguno para ninguna de las partes.

Los horarios de trabajo deben ser programados en base a las necesidades de la familia. También es necesario disponer de políticas en materia de permisos flexibles y bien remunerados, así como servicios sociales accesibles y de calidad tanto para las mujeres como para los hombres.