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Elevaron a juicio causa por “espionaje ilegal” durante el gobierno de Cambiemos en la Provincia

La investigación de la fiscal contiene pruebas suficientes para ir a tribunales, según consideró el Juez de Garantías de La Plata. Las defensas podrán apelar, pese al rechazo en sus pedidos de nulidad.

La causa en la que se investiga presunto espionaje ilegal en La Plata está cerca de llegar a juicio oral, ya que fue elevada por el juez de Garantías del caso que avaló toda la investigación y rechazó las nulidades de la defensa

En el banquillo de los acusados están el extitular de Asuntos Internos del ministerio de Seguridad bonaerense (durante la gestión de Cambiemos) Guillermo Berra y la abogada Rosario Sardiña, quienes fueron procesados por la fiscal Cecilia Corfield, por los delitos de “abuso de autoridad y peculado”. Ambos están en libertad. Según informó el portal 0221, por el momento, la causa no tendrá detenidos. La Cámara de Apelaciones y Garantías dictó la exención de prisión bajo caución juratoria para los dos acusados.

Ambos imputados cuentan con la defensa del letrado Marcelo Peña. Cumplieron funciones en Asuntos Internos (AI) durante la gestión de María Eugenia Vidal como gobernadora y Cristian Ritondo en su rol de titular de la cartera de Seguridad. Tras el allanamiento encabezado por la fiscal Corfield se secuestró una voluminosa cantidad de documentos. Entre ellos apareció una lista de objetivos que fueron espiados patrimonialmente sin orden judicial que avale y controle esa tareas de inteligencia interna.

La investigación por espionaje que también tiene en la mira a Vidal Ritondo consta de más de 1400 consultas en bases de datos privados. Los apuntados sobre las tareas de inteligencia fueron políticos, magistrados, empresas y dirigentes sociales, entre otros; y en el listado al que accedió este medio hay varios nombres de La Plata.

Los platenses son el ex juez de Garantías César Ricardo Melazo, el ex secretario de Seguridad de la Municipalidad de La Plata, Daniel Piqué; la empresa Inversiones Los Hornos SRL y el mutualista Juan Carlos Tocci. El ex juez Melazo fue aceptado en la causa como particular damnificado y es representado por el abogado Christian Romano.

Además figuran tareas de relevamiento de datos sobre entidades que tienen sede en La Plata, como el Colegio de Escribanos de la provincia de Buenos Aires y, por ejemplo, ambas cámaras legislativas provinciales.

Cronología de la causa

El escándalo salió a la luz el 23 de octubre de 2019 con el allanamiento a la sede de Asuntos Internos encabezado por la fiscal Corfield. En la lista de espiados también figura un funcionario policial, marido de la fiscal. En ese procedimiento también se encontraron evidencias de espionaje sobre la fiscal Silvina Langone, quien estuvo a cargo del juicio oral por la triple fuga del penal de General Alvear que generó el primero de los cimbronazos políticos de Cambiemos en los ámbitos nacional y provincial desde fines de diciembre de 2015 hasta mediados de enero de 2016.

La causa por espionaje se inició a raíz de la denuncia presentada por el ex comisario Néstor Martín, en la que se dio cuenta de una red de espionaje ilegal que funcionaba en el corazón del Ministerio de Seguridad bonaerense a las órdenes de Ritondo y la ex gobernadora Vidal.

También se encontraron evidencias de espionaje sobre el defensor ciudadano adjunto de La Plata, Tulio Marchetto, esposo de la fiscal Langone, y parte de la familia de ambos. Figuran además tareas de inteligencia sin orden judicial sobre: el “Poder Judicial bonaerense, la Policía Federal Argentina, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Caja de Retiros Jubilaciones y Pensiones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, la Honorable Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, Municipalidad de Lincoln, Municipalidad de Tres Arroyos, Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires”. Y las empresas Avances Médicos, Curavis S.R.L., Haras Dilu S.A. (propiedad de Néstor Otero, dueño de TEBA, terminal de Retiro y estación de Once, entre otras), Hipódromo Argentino de Palermo S.A., Fundación Compañía Social Equidad, Banco Santander Río S.A.

Esta resolución dictada en el Juzgado de Garantías 1 de La Plata no es definitiva, ya que la defensa puede ir en queja ante la Cámara de Apelaciones y Garantías de La Plata.

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